Este Blog ha sido creado para extirpar a los malos elementos que existen en el Poder Judicial (PJ) y Ministerio Público (MP), para realizar los aportes necesarios a fin de identificar a los responsables de infracciones punibles, para divulgar las denuncias sobre situaciones irregulares y para apoyar a los magistrados honestos con la difusión de temas académicos relacionados a la protección de los derechos humanos y lucha contra la impunidad; igualmente, estaremos vigilantes de las tareas que desempeñan el Tribunal Constitucional (TC), el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), entre otras importantes instituciones.
Por otro lado, somos conscientes que la batalla es dura, difícil e incomprendida, que, incluso podría originar molestias, malestar e incomodidad en miembros de la Orden, autoridades o ciudadanos, pero tenemos una formación sólida en valores, así como la obligación ética y moral de realizar una batalla frontal contra la corrupción y la impunidad; ítem más, estamos hartos de los abusos y/o atropellos que cometen algunos jueces o fiscales a nivel nacional, de la manera escandalosa como favorecen al crimen organizado y como aceptan ser utilizados para perseguir a los enemigos políticos del gobierno de turno.
La población tiene un permanente sufrimiento colectivo por la existencia de jueces corruptos que vienen desempeñando funciones jurisdiccionales en todo el país, quienes están afectando seriamente los derechos fundamentales de los justiciables, dictando resoluciones prevaricadoras, efectuando condenas de inocentes, excarcelación de culpables, desnaturalizando las acciones constitucionales de hábeas corpus o negándose a administrar justicia, conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente.
Hemos detectado que numerosos magistrados desconocen los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por el Perú, que forman parte del derecho nacional y nunca han leído las sentencias o medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni las recomendaciones o medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es más, ni siquiera citan artículos de la Constitución Política, ni de los instrumentos internacionales, ni aplican la jurisprudencia supranacional ni nacional de cumplimiento obligatorio.
Nadie duda que hay barbaridades jurídicas y atrocidades legales que se cometen en el Ministerio Público (MP) donde existen denuncias sin argumentos legales, acusaciones fiscales sin fundamentación adecuada, extraños archivos definitivos o sospechosas negativas para iniciar las investigaciones preliminares que terminan favoreciendo la impunidad. Hace pocos días, hemos sido testigos de dos casos escandalosos, el primero referido a las recientes declaraciones de una Fiscal Provincial Penal de Lima quien se negó a formalizar denuncia contra un ciudadano que arrojó agua hirviendo en el rostro de su conviviente, ya que dicha conducta, según la defensora de la sociedad, no estaba destinada a producir la muerte de la víctima y el segundo respecto a la sospechosa negativa de un Fiscal Provincial Penal de Crimen Organizado a iniciar una investigación preliminar sobre los indicios razonables de haberse cometido un delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico, en los que aparece involucrado un conocido empresario de la educación y donde existen cinco informes policiales que solicitan la pesquisa.
Por qué los titulares de la acción penal pública no cumplen sus obligaciones legales y prefieren el archivo, en casos tan graves y delicados?. Que dirá la Fiscal de la Nación?
Finalmente, queremos recordar que anteriormente instalamos el Blog CORRUPTOS A LA CÁRCEL y de una manera inexplicable no se puede ingresar; alguien, utilizando medios técnicos viciados, ha impedido que miles de ciudadanos accedan a la información que brindamos a toda la población. Pero, nada impedirá que sigamos luchando contra el flagelo de la corrupción que lamentablemente esta carcomiendo y destruyendo las raíces de las instituciones del Estado, básicamente del Poder Judicial (PJ), legalmente, encargado de impartir justicia en la Nación y Ministerio Público (MP), teóricamente, defensor de la legalidad y de la sociedad.
Lima, agosto del 2010.
Por otro lado, somos conscientes que la batalla es dura, difícil e incomprendida, que, incluso podría originar molestias, malestar e incomodidad en miembros de la Orden, autoridades o ciudadanos, pero tenemos una formación sólida en valores, así como la obligación ética y moral de realizar una batalla frontal contra la corrupción y la impunidad; ítem más, estamos hartos de los abusos y/o atropellos que cometen algunos jueces o fiscales a nivel nacional, de la manera escandalosa como favorecen al crimen organizado y como aceptan ser utilizados para perseguir a los enemigos políticos del gobierno de turno.
La población tiene un permanente sufrimiento colectivo por la existencia de jueces corruptos que vienen desempeñando funciones jurisdiccionales en todo el país, quienes están afectando seriamente los derechos fundamentales de los justiciables, dictando resoluciones prevaricadoras, efectuando condenas de inocentes, excarcelación de culpables, desnaturalizando las acciones constitucionales de hábeas corpus o negándose a administrar justicia, conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente.
Hemos detectado que numerosos magistrados desconocen los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por el Perú, que forman parte del derecho nacional y nunca han leído las sentencias o medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni las recomendaciones o medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es más, ni siquiera citan artículos de la Constitución Política, ni de los instrumentos internacionales, ni aplican la jurisprudencia supranacional ni nacional de cumplimiento obligatorio.
Nadie duda que hay barbaridades jurídicas y atrocidades legales que se cometen en el Ministerio Público (MP) donde existen denuncias sin argumentos legales, acusaciones fiscales sin fundamentación adecuada, extraños archivos definitivos o sospechosas negativas para iniciar las investigaciones preliminares que terminan favoreciendo la impunidad. Hace pocos días, hemos sido testigos de dos casos escandalosos, el primero referido a las recientes declaraciones de una Fiscal Provincial Penal de Lima quien se negó a formalizar denuncia contra un ciudadano que arrojó agua hirviendo en el rostro de su conviviente, ya que dicha conducta, según la defensora de la sociedad, no estaba destinada a producir la muerte de la víctima y el segundo respecto a la sospechosa negativa de un Fiscal Provincial Penal de Crimen Organizado a iniciar una investigación preliminar sobre los indicios razonables de haberse cometido un delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico, en los que aparece involucrado un conocido empresario de la educación y donde existen cinco informes policiales que solicitan la pesquisa.
Por qué los titulares de la acción penal pública no cumplen sus obligaciones legales y prefieren el archivo, en casos tan graves y delicados?. Que dirá la Fiscal de la Nación?
Finalmente, queremos recordar que anteriormente instalamos el Blog CORRUPTOS A LA CÁRCEL y de una manera inexplicable no se puede ingresar; alguien, utilizando medios técnicos viciados, ha impedido que miles de ciudadanos accedan a la información que brindamos a toda la población. Pero, nada impedirá que sigamos luchando contra el flagelo de la corrupción que lamentablemente esta carcomiendo y destruyendo las raíces de las instituciones del Estado, básicamente del Poder Judicial (PJ), legalmente, encargado de impartir justicia en la Nación y Ministerio Público (MP), teóricamente, defensor de la legalidad y de la sociedad.
Lima, agosto del 2010.
